CÓMO FUE EL GOBIERNO EN MÉXICO DE ERNESTO ZEDILLO

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Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) resultó ser una rara avis, un personaje que, entre otras cosas, por su honestidad era totalmente inelegible bajo los cánones tradicionales y estrictos del sistema. Sus orígenes vienen de la clase media modesta. Su madre había sido gente de partido, militando en el PRI como tantas otras gentes que, con buenas intenciones políticas, lo hicieron en su oportunidad, por un lado creyendo en los ideales verdaderamente revolucionarios y por el otro sin comprender realmente a quién se estaba sirviendo. Tal vez fue ella de quien Ernesto heredó la vocación política y por supuesto la filiación partidista. Egresado del Instituto Politécnico Nacional y con estudios de posgrado hasta alcanzar el doctorado en economía por la Universidad de Yale, había sido siempre una persona disciplinada y de lealtad institucional.

Afortunadamente Zedillo inició su carrera en el Banco de México, una institución que, aunque era dependiente del Gobierno en ese tiempo, admirablemente se mantenía al margen de la corrupción y de las intrigas del medio oficial, y permanecía como una de las grandes instituciones del México posrevolucionario. Fundado en 1925 por el Presidente Calles, el Banco de México ha tenido una gran tradición de seriedad y un escrupuloso manejo administrativo, continuado por gente como don Rodrigo Gómez y tantos otros verdaderos banqueros. Esta institución fue semillero de grandes profesionales en materia económica. Allí destacó Ernesto Zedillo como brillante economista, donde concibió un ingenioso sistema de cobertura cambiaria para proteger a las empresas de las fluctuaciones en el cambio de la moneda dentro del proceso de inflación que se vivía en la segunda mitad de la década de 1980, lo que ayudó a que muchas de ellas sobrevivieran y se conservara la fuente de trabajo correspondiente, que de otra manera probablemente hubiera desaparecido.

Antes de 1988, y dados sus magníficos antecedentes como destacado economista, Zedillo fue atraído por Salinas a la Secretaría de Programación y Presupuesto, de la cual lo haría titular más tarde al ocupar la Presidencia, con la importante tarea de asumir la responsabilidad de la administración del gasto público. Y aunque esto le daba la investidura de un súper secretario, por la facultad de autorizar a todos los miembros del Gabinete sus respectivos presupuestos, y para autorizar también la participación federal de los gobiernos de los estados y municipios de la República. Zedillo no sobresalió o no pretendió sobresalir dentro de los miembros del Gabinete, de Salinas y este nunca lo consideró dentro de la elite de sus allegados más íntimos (lo cual hablaba bien de él). Sin embargo, por su discreción y trabajo institucional esmeradamente escrupuloso, fue de las gentes del Gabinete de más confianza del Presidente; se le encomendó parte de la privatización de las empresas del Estado, lo cual realizaba estrictamente de acuerdo a las instrucciones presidenciales y con la debida lealtad llevada a grado extremo, lo que seguramente motivó muchas frustraciones personales por tener conocimiento de infinidad de acciones  arbitrarias de la Presidencia, a las que se les tenia que dar apariencia y forma legal.

Ernesto Zedillo admiraba la personalidad de Benito Juárez y la probidad y austeridad con que realizó el gran estadista la función pública, considerándolo como un ejemplo al cual modestamente trató de imitar en sus responsabilidades como servidor público. En lo poco que pude tratarlo durante su cargo como Secretario de Programación y Presupuesto, me di cuenta de que llevaba una vida personal modesta y de gran cohesión familiar. Aunque pertenecía al PRI, no hacía vida de partido y se mantenía al margen de las intrigas palaciegas. Políticamente dejó pruebas más que suficientes de que era un firme partidario de la democracia y del fortalecimiento del Estado de derecho. Su responsabilidad como funcionario público, miembro del Gabinete, la realizó de manera seria e institucional. Todo documento que le hacían llegar lo leía en su totalidad y, en las juntas de Gabinete, tomaba escrupulosamente nota, por escrito, de todo.

Zedillo demostró que era gente institucional, disciplinada y sin ambición política. Cuando desaparecieron su Secretaría para formar la SEDESOL, con el propósito de impulsar a Colosio hacia la candidatura para la Presidencia de la República y al mismo tiempo construirle al prospecto de “Delfín” un adecuado aparato de captación clientelar con fines electorales y con el debido disfraz de institución para canalizar el gasto social en el combate de la pobreza (cualidades que conserva hasta la fecha).

Zedillo recibió la cartera de la Secretaría de Educación y como no aspiraba a la Presidencia y consideraba esta Secretaría de la mayor importancia, la aceptó en forma disciplinada e incluso con aparente agrado. Posiblemente esto le haya valido para que cuando se dio a conocer, la designación de Colosio como el candidato del “partido oficial” a la Presidencia de la República; éste lo designara como coordinador de su campaña política. Esto se daba aun sin haber tenido la mínima experiencia partidista, pero en cambio ser alguien digno de confianza por su lealtad y firmes principios. Sería lógico que también haya influido para esta designación; el no haber sido miembro del círculo íntimo del Presidente.

Con el asesinato de Colosio y la designación de Zedillo como el nuevo candidato a la Presidencia de la República por el PRI, por exclusión de los demás. La vida de Ernesto Zedillo cambió radicalmente. Si ganaba las elecciones, lo que no era muy difícil, a pesar de su debilidad como candidato –como después se comprobó—, tendría en sus manos la posibilidad de hacer los cambios en los que siempre había pensado, en los que había soñado, cuando día con día, como Secretario de Estado, participaba o era espectador de primera fila en actos de gobierno que reprobaba pero que tenía que tolerar, bien porque no estaba en sus manos modificarlos o por disciplina institucional y lealtad al Presidente y al SPM.

En el inicio de su Administración, aún sin superar todo el terrible impacto que produjo en la salud económica del Estado mexicano y de la mayoría de los mexicanos; la actitud caprichosa de Salinas al apoyar la irresponsable negativa de su secretario de Hacienda, Pedro Aspe, al oponerse a hacer los ajustes económicos necesarios y urgentes y dar oportunamente las explicaciones pertinentes a la comunidad financiera internacional, que hubieran cuando menos disminuido la terrible crisis económica que sufrimos los mexicanos en 1994.

Como tantos otros múltiples problemas, heredados de la Administración pasada, existía un problema ocasionado por una controversia que se había suscitado tras las recientes elecciones para Gobernador del Estado de Tabasco; Roberto Madrazo, del PRI, había sido declarado ganador en unas elección evidentemente fraudulenta e inequitativa, tanto por el aparato de Estado utilizado a su favor, como por la escandalosa cantidad de recursos económicos empleados (39 millones de dólares), que le daban un triunfo cuestionable en contra de Andrés Manuel López Obrador, del PRD. Quien naturalmente se inconformó y realizaba actos de resistencia por medio de manifestaciones, movilizaciones populares y bloqueos de pozos petroleros; en contra del injusto fallo. Zedillo delegó la solución de este conflicto, como era natural, en su Secretario de Gobernación Estaban Moctezuma, quien después de investigar el problema por medio de consultores externos concluyó que las elecciones efectivamente habían sido fraudulentas por las múltiples irregularidades denunciadas comprobables y negoció (ingenuamente) con Roberto Madrazo su renuncia, otorgándole un premio de consolación: nada menos que la Secretaría de Educación Pública. Madrazo había aceptado, y con esto se creía tener el problema resuelto para no afectar el pacto político.

Si nos detenemos para analizar el hecho del ofrecimiento arriba descrito; resulta verdaderamente increíble el poco respeto del SPM, del PRI gobierno, por algo tan importante en la vida nacional como es la educación de los mexicanos. Ya desde la época de su antecesor, la Secretaría de Educación se le había entregado como premio a Manuel Bartlett por el “hábil” manejo de los resultados electorales mediante el fraude de 1988. Y después se la quitaron para acomodar a Zedillo. Él, ya como presidente, había nombrado a su vez en esta importante cartera al señor Alsati, que se hacía pasar por doctor (PHD), cuando ni siquiera tenia grado de licenciatura; lo que al saberse, por medio de la prensa, ocasionó su renuncia inmediata. Al estar vacante otra vez la Secretaría de Educación, ahora se le ofrecía en charola de plata a quien ellos mismos habían comprobado que era un pillo. El trato que le han dado y le siguen dando a la Secretaria de Educación Pública, la calidad de su sindicato (SNTE) y de sus líderes “morales”; ha afectado en forma irreversible e increíblemente grave, la calidad de la educación en México.

No contaba el Presidente con la cerrazón de su propio partido y de la animadversión de la tradicional aristocracia palaciega compuesta por los hombres ricos de las elites empresariales y de los inversionistas en la política, tanto nacionales como locales en Tabasco; que no iban a arriesgar “su inversión” ligada con Madrazo, ni mucho menos iban a “dar su brazo a torcer”. “Moctezuma creía todo resuelto el 17 de enero, día en que el Presidente Zedillo, él mismo y los dirigentes de los partidos firmaron el pacto en Los Pinos. La promesa del Presidente de solucionar el conflicto en Tabasco fue entendida por todos (menos por el propio Madrazo) como el supuesto de la inminente renuncia de Madrazo. Quien luego de una reunión en Los Pinos, ese mismo día se presentó en la residencia de “columnas de cantera”, en las Lomas de Chapultepec, para ver a su mentor, Carlos Hank González. Veamos lo que nos dicen los periodistas Preston y Dillon: “Aunque retirado de la política y alejado de la vida diaria del PRI, el profesor seguía ejerciendo gran influencia en el partido. Este le dijo que, aparte de débil, el nuevo Presidente también parecía indiferente a los intereses de la Revolución. En consecuencia, le aconsejó no dejar la gubernatura y promover una corriente priista de sólido apoyo popular, contraria a Zedillo y a los tecnócratas, fuerza que en el 2000 bien podría llevar a Madrazo—y al bando de Hank en el PRI—hasta la primera magistratura.”[1]

El colmo de la soberbia y del engreimiento es que el SPM, unipartidista, haya llegado al extremo de identificar a los intereses de la clase política del PRI (mayoritariamente ilegítimos) con los ideales de la Revolución Mexicana al aseverar que quienes estaban en contra del sistema, estaban en contra de la Revolución. Con esa misma visión se llegó al extremo, con la ridícula estupidez de calificar a los fraudes electorales en favor del PRI, como “fraudes patrióticos”. En esta forma, Zedillo tenía que luchar en contra de propios y extraños para llevar a cabo la reforma política que pudiera garantizar la democracia en México. En el caso de Tabasco, pudieron más los intereses de los caciques locales del PRI, de los empresarios que habían invertido en la “elección” de Madrazo, mas que el pacto político nacional comprometido con los partidos políticos, e incluso más que la misma decisión del Presidente de la República, emproblemado con la situación crítica del país heredada de su antecesor.

Indudablemente la Administración de Zedillo iniciaba con grandes dificultades, sin embargo la principal preocupación del Presidente fue la reforma electoral para consolidar el inicio de la democracia en México, habiendo convocado para ello a todas las fuerzas políticas en el país para la firma del pacto en enero de 1995, en el que gobierno y partidos políticos se comprometían a lograr la “reforma electoral definitiva” para alcanzar la democracia, como condición sine qua non, para “el logro de la prosperidad”. Y del Estado de derecho.

Tenía que iniciar su gobierno como si se viera obligado a empujar cuesta arriba cuando menos dos enormes rocas que al menor descuido amenazaban con aplastarlo: la crisis económica y la crisis política, matizada por las pretensiones de continuismo, todavía, del ex-Presidente Salinas, además del problema de la reforma electoral y de la solución pendiente de los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu y el cardenal Posadas. Al mismo tiempo que debía empujar las grandes rocas, tenía que actuar también de malabarista de circo, para sortear el cúmulo de problemas que iban aflorando sin desatender la insurgencia en Chiapas. Zedillo debía cuidarse al mismo tiempo del acecho de los buitres de la política, que siempre están pendientes de los organismos aparentemente débiles para ayudar solícitos, si pueden, a su derrumbe definitivo y engullirlos.

Conocer la historia de México, debería ser una obligación para todo aquel que aspira a dirigir los destinos del país. Seguramente Zedillo aplicó estos conocimientos para el manejo del aspecto político; tenía presente la etapa del Maximato de Calles y también la receta del Presidente Cárdenas. Ni tardo ni perezoso, encerró en la cárcel al hermano del ex-Presidente, acusándolo del asesinato de Ruiz Massieu (él mejor que nadie sabia de muchas de estas cosas). Volviendo a romper con esto el precedente sobre la intocabilidad de los ex presidentes. En esta forma, le estaba mandando un claro mensaje a Carlos Salinas, quien después de teatro y berrinche –realizó una huelga de hambre en Monterrey—, sin embargo lo entendió perfectamente y fue de esta manera que se autoexilió en Dublín, Irlanda. En esta forma cortaba de raíz las aspiraciones de continuismo no solo del ex-Presidente, sino también de su grupo. Su firme convicción de que todos los grandes cambios que debían hacerse en México constituían para él, además de una gran oportunidad, una misión indeclinable e impostergable, lo hicieron crecerse ante la circunstancia e iniciar incluso por uno de sus grandes propósitos: el fortalecimiento del Estado de derecho, con el necesario respeto irrestricto de la ley, iniciando por la función de Gobierno, mejorando y despolitizando a los tribunales y poniendo especial atención en la reforma del Poder Judicial, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Zedillo sabía perfectamente que las reformas políticas llevadas a cabo por Salinas en materia electoral fueron realizadas regateando el avance sustancial, reflejándolo solo en apariencia y más para apagar los ánimos y resentimientos ocasionados por el fraude del 88, pero sin ir a fondo y sin que el Ejecutivo soltara el control electoral, olvidando incluso la promesa hecha a don Luis H Álvarez de constituir un régimen de transición hacia la democracia como compromiso por haber hecho posible su Presidencia espuria, mediante la abstención y complicidad del PAN en el colegio electoral. Sin embargo, Salinas para no quedar del todo mal, pero además forzado por el levantamiento en Chiapas y las presiones del EZLN durante el proceso de las negociaciones, y siendo Secretario de Gobernación Jorge Carpizo, quien tuvo una influencia determinante en la estructuración, integración y mecánica del IFE; se convocó a los candidatos a la Presidencia de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Diego Fernández de Cevallos, acompañados por el resto de los candidatos de los partidos contendientes, para que firmaran el 27 de enero de 1994, el “Acuerdo Nacional por la Paz, la Justicia y la Democracia”, que planteaba la urgente necesidad de nuevas reformas electorales. Las que se realizarían más tarde, ya con Zedillo, para llevar al IFE a la ciudadanización total. “El 23 de marzo se aprobaron modificaciones al Artículo 41 constitucional para reconocer la ciudadanización del IFE, así como la tipificación de los delitos electorales.”[2].

Además de las presiones antes mencionadas del EZLN para alcanzar una reforma electoral a fondo, y ya siendo Zedillo presidente, tomó también en consideración un importante antecedente de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, (OEA), en Washington, hecha por el abogado nuevoleonés Luis Santos de la Garza acompañado de tres miembros del Partido Acción Nacional de Nuevo León. Esta denuncia, que presentaron a título personal el 12 de octubre de 1987, fue formulada en contra del Gobierno Estatal y del Gobierno federal “ por mantener el fraude como sistema en los procesos electorales y mantener una legislación que lo propiciaba con la intervención del ejecutivo y del partido oficial, controlando a las autoridades y a los procesos electorales y sin instancias judiciales independientes a quien recurrir”[3] alegando que con esta acción arbitraria e injusta se violaba el tratado internacional firmado por México como miembro de la (CIDH), celebrada en San José de Costa Rica en noviembre de 1979, ratificado y firmado en México por López Portillo el 2 de marzo de 1981. La OEA le dio curso a la denuncia (Informe No 8/91 Caso 10.180, México) y falló a favor de los demandantes el 22 de febrero de 1991. El asunto era muy grave porque se ponía en evidencia que se estaba infringiendo un tratado internacional firmado por México y en esta forma quedaba demostrada ante una instancia internacional la falta de democracia en México y por lo tanto el incumplimiento de un Tratado Internacional.

Ahora más que nunca era necesario llevar a cabo las reformas electorales definitivas para garantizar que el proceso para hacer efectiva la democracia en México pudiera contar con los instrumentos legales indispensables que dieran certidumbre a los procesos electorales. Atendiendo al clamor popular por la reforma electoral, Zedillo decidió sacar de la esfera gubernamental al Instituto Federal Electoral (IFE) en 1996, convirtiéndolo en una institución del Estado mexicano, independiente del Gobierno, con autonomía propia y eliminando al Secretario de Gobernación como su presidente. Para solucionar el problema de la calificación de las elecciones, se decidió crear el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que substituiría al TRIFE y a los colegios electorales del legislativo, quitándole toda relación con el Ejecutivo y pasándolo a la esfera del Poder Judicial. “Otro aspecto relevante fue la modificación del Artículo 99 de la Constitución Federal, con la cual también por primera vez en la historia, estableció como máxima autoridad jurisdiccional electoral a un Tribunal Electoral que formaría parte del Poder Judicial de la Federación. Estas reformas a nivel de la Carta Magna fueron seguidas de congruentes reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 74, 75, 76, 77 y 79, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1996.” [4] Además, dentro de la misma reforma electoral se disponía que ahora el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ya no fuera designado por el Presidente de la República, sino que en adelante sería electo por los habitantes del Distrito Federal al igual que los jefes de las delegaciones y los miembros de la asamblea del D F.

El problema económico representaba una verdadera “papa caliente”. Afortunadamente se recurrió a la instancia adecuada y William Clinton, Presidente de los Estados Unidos, en contra de su Congreso, proporcionó el auxilio económico que el Gobierno de Ernesto Zedillo necesitaba para “tranquilizar” a los mercados, a la comunidad financiera internacional y, en este caso, en forma especial y seguramente condicionada, a los inversionistas estadounidenses “afectados”. De esta manera se pudo hacer frente a la crisis económica mediante un préstamo de alrededor de 25 mil millones de dólares, sobradamente garantizados con los ingresos del petróleo. A través de su nuevo Secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz[5], y ya contando con el apoyo económico necesario proporcionado por Clinton, el Gobierno de Zedillo diseñó una estrategia adecuada para superar la crisis al hacer frente a la sobre valuación del peso y para fortalecer la planta exportadora. Para contar con recursos nuevos, demandados por los mismos resabios de la crisis económica del 94, en 1995 se aumentó el impuesto al valor agregado, el IVA, del 10 al 15%, haciendo uso del voto de la bancada priista, con la oposición del PAN y del PRD. Estos recursos adicionales contribuyeron a que a mediados del sexenio se pudiera retomar el crecimiento de la economía, después del consiguiente costo político, económico y principalmente social.

Por lo pronto y como ya lo apuntamos; mediante los “buenos oficios” de Salinas y Pedro Aspe, la gente, en términos generales, pero especialmente los más necesitados y principalmente los jóvenes, sufrieron injustamente por la falta de visión estadista, por el egoísmo, la rapacería, la codicia y la ambición desmedida de pésimos gobernantes que se enriquecen impunemente a costa de su pueblo, utilizando entre otros medios la información privilegiada. Sin embargo, las perdidas no fueron para todos: una vez más los banqueros, los grandes empresarios, y los amigos y socios de los personajes antes señalados se acogieron bajo el amparo del Fideicomiso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), que había sido establecido con anterioridad por el Gobierno de Salinas desde la reprivatización de la banca el 18 de julio de 1990, organizado legalmente como fideicomiso para la protección del nuevo sistema bancario y probablemente para “otros propósitos”.

Sin embargo, y desgraciadamente, el FOBAPROA no sirvió mucho para la protección del “Ahorro” en este caso, porque no fue precisamente a la gente, al usuario, a la que se protegió, ni a la salud financiera del país, porque de haber sido así se hubieran preocupado de salvaguardar los compromisos bancarios de millones de jóvenes que habían contratado de buena fe préstamos bancarios para adquirir su vivienda, su automóvil o para financiar a su pequeña o mediana empresa. En cambio, se protegió a los gigantes (muchos de ellos lucraron con esta acción) a través de la banca, casi exclusivamente a medianos y grandes usuarios de la banca, y por supuesto incluyéndola a ella misma. Y es que en México el ahorro en la banca casi no existe por lo ínfimo de sus rendimientos. En cambio, lo que sí es considerable son los depósitos de los usuarios de la banca en cuentas de cheques, por los que incluso la banca les cobra comisiones y gratuitamente los utiliza para especular con certificados de la Tesorería, CETES, en medida desproporcionada; obteniendo con esto y mediante el lavado de dinero, en muchos casos, excelente rentabilidad sin producir beneficio alguno para nadie excepto para ellos mismos y para la delincuencia organizada. El “rescate” de la banca no se hizo  de la mejor forma, por no contar con las salvaguardas que la circunstancia requería para evitar la especulación, el saqueo y el fraude que desgraciadamente se dieron como ya es costumbre en esos sectores; lo que nos recordó una vez más la hipócrita frase de López Portillo “no nos volverán a saquear” y como música de fondo el eco interminable su carcajada macabra.

La cantidad destinada al rescate bancario fue enorme; se calcula que superó los 65 mil millones de dólares, que se agregarían a la deuda pública y que después se incrementarían y generarían un terrible gasto por su servicio, que en un principio fue de más de 7 mil millones de dólares mensuales. Este enorme sacrificio para el pueblo de México, si bien cumplió su cometido de rescatar a la banca y para que el sistema financiero internacional siguiera “otorgando” su confianza a México, y aunque en teoría este gasto debería ser recuperable mayoritariamente, no lo fue así por decisiones políticas arbitrarias y por el abuso que hicieron de la medida algunos banqueros, políticos y empresarios que especularon en esta ocasión, como tradicionalmente lo hacen, otra vez como cuento de nunca acabar. A final, esta medida fue otro más de los daños irreparables que el sistema corrupto ha ocasionado a México. Sería deseable que estos casos de corrupción no quedaran impunes, toda vez que las personas que se beneficiaron injustamente y quienes lo propiciaron tienen nombre y apellido y procede una investigación para determinar su culpabilidad, o cuando menos para saber la verdad en caso de que jurídicamente fuera imposible castigarlos como responsables, por la posible prescripción de la acción judicial. Sin embargo así se sabría quienes verdaderamente recurrieron al FOBAPROA con justicia, porque así les correspondía, con cuentas claras y procedentes, y quienes lo hicieron burlando precisamente la justicia y enriqueciéndose a costa del pueblo de México; desgraciadamente el PRI y el PAN, en la Cámara de Diputados, se negaron a dar a conocer esta información, alegando la violación del secreto bancario y demostrando así una complicidad en los hechos.

Más tarde, con el propósito de “dar claridad a la contabilidad pública”, se propuso al Congreso incluir la deuda del FOBAPROA en la deuda pública “para mejorar el financiamiento de ésta y disminuir el pago del servicio por la misma”. Después de múltiples discusiones y quedar en evidencia los innumerables fraudes que había provocado la medida del rescate bancario, se llegó a una alianza: “El 12 de diciembre de 1998, el PRI y el PAN lograron finalmente la aprobación de una nueva ley de rescate bancario. Los diputados perredistas votaron en contra. Como resultado del acuerdo, la nueva ley destinó las deudas del rescate a una categoría especial en los libros contables del Gobierno, no a la deuda pública. Creó un nuevo órgano administrador del rescate, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), sujeto a normas y supervisión más estrictas, aunque dotado asimismo de flexibilidad para costear deudas y vender activos, y proveyó financiamiento para un programa de apoyo a pequeños deudores. Exigió a los bancos pagar una mayor proporción de la deuda. […] Los mercados respiraron aliviados, y la economía se mantuvo estable.”[6]

El otro asunto político grave, también heredado de Salinas; era la rebelión indígena. El levantamiento de los indígenas en Chiapas, el 1º de enero de 1994, por medio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el “EZLN”, surgido como reacción en contra del Gobierno espurio de Salinas, a manera de la gota que derramó el vaso. Y fue un grito desgarrador en la selva, desesperado, pero al mismo tiempo desafiante, lanzado por indígenas cansados de la opresión, el despojo y la humillación sufrida por muchas generaciones. Ese grito patético hizo despertar a la cruda realidad a los que pregonaban el paso de México al “Primer Mundo”, a ese pequeño grupo integrado por los “dueños de México” que piensan que todo México es como el ambiente de fausto y derroche que los rodea. Los indígenas chiapanecos, haciéndose eco de la voz del México mayoritario, del México desprotegido y explotado, el México marginado que migra por la desesperanza, como corriente incontenible hacia los EU. Y lo deja todo, arriesgándolo todo, ese México se expresó gritándoles en su cara: “HOY DECIMOS BASTA”.

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La vida de los unnamedindígenas, la de los pobladores de las sierras de Chiapas había sido por siempre comunitaria, con sus propios usos, costumbres, idioma y su forma de autogobierno de acuerdo a sus propias   tradiciones. Los indígenas, orientados y guiados ahora por líderes propios y gente joven universitaria, con otra preparación, e identificándose unos con otros; protestaban en contra un capitalismo ajeno a su manera de ser y que despreciaba o no tomaba en cuenta los aspectos sociales del desarrollo y por lo tanto violentaba sus costumbres ancestrales. La protesta era en contra del gobierno impuesto como siempre y de su política económica neoliberal abusiva, haciendo gala de prepotencia, impunidad y corrupción, continuando las prácticas de explotación ancestral, ahora en forma redoblada y por medio de grupos paramilitares.

Para tratar de entender un poco la razón de ser de este movimiento, debemos analizarlo desde los tiempos del obispo fray Bartolomé de las Casas, quien en el siglo XVI fuera propuesto al Papa como obispo de Chiapas por el emperador Carlos V. En ese tiempo, se daba en la región, a través de las encomiendas, una explotación inhumana que ya hemos analizado (tres siglos de virreinato). A fray Bartolomé se le ha considerado como defensor de los pueblos indígenas, calificación ganada a pulso por su denuncia y lucha en contra de la esclavitud de los indios y precisamente por los enfrentamientos que tuvo el autor de Historia de la destrucción de las Indias, en contra de miembros del alto clero de la Iglesia Católica y de miembros de la nobleza política, ambos coludidos e interesados en la explotación de las Indias, por lo que les convenía que los indígenas fuesen considerados, si no como animales irracionales, así lo habían propuesto, si como seres inferiores que pudiesen ser explotados en calidad de esclavos. A pesar de que Bartolomé de las Casas consagró su existencia a la defensa de los indígenas en contra de la explotación esclavista, la explotación del indígena se dio durante toda la Colonia y continúa hasta la actualidad, sin importar la independencia en 1821 ni el movimiento revolucionario de 1910. Y sin embargo, la explotación persiste hasta nuestros días, solapada ahora y agravada por el burocratismo y la corrupción de gobiernos “revolucionarios”, gobiernos de “oposición” y de sus seguidores y beneficiarios.

El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y su acción en Chiapas, tuvo sus causas y antecedentes más inmediatos y sus motivaciones teóricas en dos hechos fundamentales y trascendentes ocurridos en el año de 1968. El primero fue la matanza del 2 de octubre y los cruentos hechos consecutivos para acabar con el movimiento social contra el autoritarismo y la antidemocracia, lo que provocó la represión y persecución ideológica, obligando a que algunos de los líderes sobrevivientes de ese movimiento, casi todos de la llamada izquierda, decidieran continuar con su actividad de oposición en la clandestinidad en calidad de guerrilleros en diversas partes de la República. Varios de ellos se refugiaron en Chiapas, tratando de sobrevivir, convivir e identificarse con la causa indígena. El segundo hecho fue sin duda la celebración, en ese mismo año, de la Segunda Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Medellín, Colombia, con la participación de destacados teólogos latinoamericanos, como Gustavo Gutiérrez, de Perú, Helder Cámara, Leonardo Boff, de Brasil, y Samuel Ruiz, de México, presidente de la Comisión Pastoral Indígena, entre muchos otros destacados personajes tanto católicos como protestantes. Esta conferencia cambió la concepción que se tenía de la responsabilidad y el compromiso de la iglesia, impuesta por la alta clerecía siempre ligada al poder político y económico; para orientarla ahora con todos, principalmente con los más necesitados, de acuerdo a la verdadera doctrina de Cristo.

La II Conferencia del CELAM fue causa del surgimiento, más tarde, de la llamada “Teología de la Liberación”, que entre muchas cosas buscaba replantearse el papel de la religión en la sociedad y traducir la preocupación por la pobreza en acciones concretas, postulando a la Iglesia entendida como una comunidad religiosa al servicio del pueblo y comprometida con todos, pero ahora particularmente con los más pobres, que tradicionalmente han sido considerados solo como el pretexto de la acción y no como el verdadero objeto de la acción misma, ayudando a identificar y combatir radicalmente las causas de la pobreza. Se cuestionó también la tendencia de la Iglesia como estructura de poder, ligada siempre al poder político aun cuando éste no fuera legítimo y al poder económico por tradición y conveniencia. Se buscó el planteamiento de un nuevo orden social para la transformación de la sociedad en una sociedad comprometida, que ayudara a superar los lastres y lacras que significan la violencia, la inseguridad, la opresión, la explotación del hombre por el hombre, el mal gobierno, la impunidad y la pobreza.

Los pueblos indígenas respetaban la guía pastoral religiosa del obispo de San Cristóbal de las Casas, y lo consideraban digno sucesor de fray Bartolomé. Los ex-líderes guerrilleros que se habían integrado a los diferentes ejidos, y que les ayudaban en su lucha contra la burocracia y la corrupción del Gobierno Estatal y Federal, también refrendaron el mismo respeto y reconocimiento a la labor del Obispo. “La diócesis de San Cristóbal respaldaba sin titubeos el trabajo de los militantes de Unión del Pueblo. Era necesario, pensaba don Samuel, apoyar a los indígenas en su lucha por la liberación. Así lo confirmó, a finales de 1975, en la Primera Asamblea Diocesana. Los trabajos que culminaron en ella, muy intensos, estaban inspirados en la resolución del Concilio Vaticano Segundo, que recomendaba la reflexión para delinear, en cada diócesis la estrategia de la nueva Iglesia. El 28 de noviembre, durante su clausura, el obispo proclamó, solemnemente, la opción por los pobres.”[7]

Naturalmente el CELAM estaba en contra de la violencia, pero en contra también de la situación desfavorable de los indígenas, de la apatía burocrática y de la perversidad gubernamental que en México los utilizaba sólo como cosa electoral, de folclore y teatro en los actos de campañas políticas, relegándolos a la marginación y al desamparo de una justicia viciada, a la orden del mejor postor. Estos factores, aunados a la cerrazón del gobierno y al recrudecimiento creciente de la problemática indígena sin aparente solución, trajeron como consecuencia el movimiento armado en Chiapas.

Sin embargo, la guerra zapatista, lejos de ser la voluntad de todos los indígenas, ocasionó una gran conmoción, en términos generales, entre las familias indígenas chiapanecas que no apoyaban la rebelión, por razones muy entendibles si nos ponemos en su lugar, pero principalmente en aquellas familias ubicadas en las mismas zonas del EZLN. Es difícil decir con precisión cuántas eran, pero se hablaba de cuando menos el rechazo a la violencia de más del 50% como era lógico. El verdadero problema para estos indígenas fue que por el solo hecho de no apoyar la rebelión, decenas de miles de campesinos perdieron todo lo que tenían y tuvieron que emigrar a otras poblaciones en donde no eran bien recibidos, donde tenían que arreglárselas para sobrevivir y empezar de nuevo. De esta manera, las gentes que por razones naturales, perfectamente comprensibles y justificables, temían a la violencia y se mantuvieron al margen de la lucha zapatista para no arriesgar a sus familias, se dice que muchos de ellos fueron tratados por algunos zapatistas con intolerancia y un rigor extremo e injusto, acusándolos de traición, expulsándolos y siendo desplazados de las comunidades que tanto esfuerzo les había costado formar, siendo ahora repudiados tanto por los zapatistas como por las otras comunidades chiapanecas afectadas. Esto, aunado al pésimo manejo del problema por parte del Gobierno, al pasar de los años trajo como consecuencia no solo que la problemática que ocasionó el levantamiento siguiera igual o peor, sino que las condiciones económicas se deterioraron con la caída en la producción del café, el principal producto de la zona, y con la dispersión y reacomodo de las familias desplazadas y las divisiones en las diferentes comunidades.

Por otro lado, es importante analizar que la izquierda mexicana, encabezada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, en 1940, se hizo a un lado por voluntad propia, al considerar que así le convenía al Estado mexicano, tomando en cuenta el entorno mundial de su tiempo y la situación de México frente a los EU., dejando libre el paso a un Gobierno de derecha, encabezada por Manuel Ávila Camacho. Probablemente la decisión de Cárdenas era la acertada pero el resultado fue negativo, porque lejos de prestarse el sistema político unipartidista al debido juego democrático que hubiera permitido la sana alternancia ideológica (izquierda-derecha), la izquierda fue reprimida por el sistema (SPM) que siempre ha sido de derecha, hasta marginarla y orillarla a la clandestinidad por varias décadas. No fue sino hasta en tiempos de López Portillo, en 1977, que se dio la reforma política, elaborada por Reyes Heroles. No tanto como un gesto de justicia social del sistema sino solo por seguir guardando las formas. Sin embargo, esto trajo consigo una amnistía que le permitió a la izquierda volver a la superficie. Pero se les siguió reprimiendo constantemente y con el fraude del 88 por la misma razón (dar vigencia al neoliberalismo económico) se les hizo una vez más a un lado y se asesinó posteriormente a cientos de sus miembros.

Los indígenas, aunque no se identificaban con ningún partido político, ni siquiera con la llamada izquierda, se vieron en el mismo espejo, y sin esperar más, aceptaron ser asesorados y organizados por los ex-guerrilleros. En esta forma, redactaron la Primera Declaración de la Selva Lacandona en diciembre de 1993, cuando decidieron lanzarse a la lucha armada al no ver otra salida. En su Declaración recurren a la Constitución mexicana y enfatizan la necesidad de hacer valer el Artículo 39 constitucional, para que sea respetada la soberanía nacional, residente “originalmente en el pueblo”, y hacer valer para éste “el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. En el documento se hace un recuento histórico de la opresión y de la explotación indígena, se señala ésta como producto de 500 años de lucha en contra de la esclavitud para llegar al final del siglo XX no solo en las mismas condiciones de pobreza y desamparo a que fueron sometidos en un principio, sino en condiciones peores en la actualidad, sin esperanza, sin la posibilidad de tener “nada, absolutamente nada, ni un techo, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.”[8]

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“HOY DECIMOS ¡BASTA!”, continuaban en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, que los indígenas habilitaban como una verdadera declaración de guerra en contra del gobierno ilegítimo de Carlos Salinas de Gortari y donde pedían a los poderes legislativo y judicial “restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación deponiendo al dictador”, pedían a los organismos internacionales su vigilancia para la protección de la población civil, acogiéndose el EZLN a la Convención de Ginebra en cuanto a las leyes sobre la guerra se refiere, estableciendo que “nuestra lucha se apega al derecho Constitucional”[9] y establecían órdenes para ser llevadas a cabo por el EZLN, que en forma abreviada eran las siguientes:

 

  1. Avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército federal.
  2. Respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja Internacional.
  3. Iniciar juicios sumarios contra los soldados del Ejército mexicano y la policía política, acusados de traición a la patria o de represión y maltrato a la población civil.
  4. Formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra justa lucha.
  5. Pedir la rendición general a los cuarteles enemigos, antes de iniciar combate.
  6. Suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el EZLN.

 

Con un llamado a otros grupos en la República para integrarse a las fuerzas insurgentes del EZLN, se lanzaron a la lucha armada a finales de diciembre de 1993, haciéndolo público el 1º de enero de 1994 con la toma de San Cristóbal de las Casas. De esta manera, se inició de inmediato el enfrentamiento armado con el Ejército.

Afortunadamente el día 12 de enero, el régimen de Salinas, con la intervención y consejo de Manuel Camacho Solís, decretó el alto unilateral al fuego en contra de los zapatistas. Habría que preguntarse si esta decisión la tomaba Salinas con el único objetivo de empezar a controlar el problema en Chiapas o también con miras a capitalizar electoralmente la espectacularidad del mismo en beneficio del presunto candidato alterno. “El EZLN recibió con incredulidad la noticia de cese al fuego anunciado por Salinas. A pesar de ello (“chin, pérate, (sic.) algo pasó, se supone que esto debe pasar cuando tengamos meses peleando”), la tregua fue aceptada de inmediato por el subcomandante Marcos” (citado por La Jornada). En su comunicado del 12 de enero, en efecto, el Subcomandante ordenaba a sus hombres suspender “toda operación ofensiva en contra de las tropas federales” (EZLN, comunicado del 12 de enero, México enero de 1994, publicado por La Jornada el 18 de enero de 1994). La facilidad con que los zapatistas aceptaron detener el fuego sorprendió también a su vez al Gobierno de la República.”[10] Esto por supuesto abrió la posibilidad al diálogo, el cual se logró después de mucha reticencia por parte de los zapatistas y después de rechazar la amnistía ofrecida por el Gobierno Federal y Estatal, porque decían: “no tienen nada de qué perdonarnos o ¿de qué nos van a perdonar?…..”. Más tarde, el diálogo se llevó a cabo en la Catedral de San Cristóbal de las Casas a través del Comisionado para la Paz en Chiapas del Gobierno de Salinas, Manuel Camacho Solís, del obispo de San Cristóbal, don Samuel Ruiz, como mediador, y los zapatistas encabezados por el subcomandante Marcos. El dialogo se inició hasta el 21 de febrero. “Las jornadas para la Paz fueron en extremo difíciles. ¿Qué hacer con los temas nacionales, con los puntos sobre la destitución de los más altos niveles de Gobierno –empezando por el Presidente de la República—, con el tema de la beligerancia?, ¿Cómo avanzar en el proceso sin afectar a las instituciones y al proceso electoral? […] Con márgenes muy pequeños, en condiciones de excepción, se revisaron las 34 peticiones del EZLN y se prepararon respuestas. […] De la máxima desconfianza pasamos a un diálogo verdadero.”[11]

Afortunadamente el EZLN nunca estuvo ligado al tráfico de drogas, ni recurrió sistemáticamente a los secuestros como medidas para allegarse fondos, ni practicó ninguna táctica terrorista. Más bien fue un grupo revolucionario idealista fuertemente caracterizado por el pensamiento indígena y por la interpretación del pensamiento de su líder, el subcomandante Marcos, que en esas condiciones de excepción y mediante el manejo de una prosa cargada de sustancia en la explicación de la realidad indígena, de las razones que motivaron su levantamiento y él mismo como protagonista de primer nivel, se fue haciendo poco a poco de un auditorio mundial, ganándose la simpatía de muchas regiones del mundo, especialmente de Europa y particularmente de Francia, entre varios otros países. Esto, además de validar en cierta forma su movimiento, le otorgaba de hecho un salvoconducto para evitar cualquier pretendida acción de exterminio por parte de algunos sectores interesados, que no apartaban de su mente esa idea, y de algunos otros grupos, particularmente del Gobierno.

Para el conflicto en Chiapas, Ernesto Zedillo acordó proponer al Congreso la creación de una Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, integrada por congresistas de todos los partidos políticos. De esta manera, el 22 de diciembre de 1994 el Congreso aprobó la creación de la COCOPA, la cual quedó integrada por 4 diputados y 3 senadores, encabezada por el senador Luis H Álvarez, del PAN, como presidente, y por Heberto Castillo, del PRD, dos grandes y auténticos líderes de pensamiento político distinto. Posteriormente, y con cada legislatura, fueron cambiando sus miembros. La otra instancia no gubernamental era la Comisión Nacional de Intermediación, CONAI, encabezada por el obispo de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz, que serviría de contacto, transición e intermediación en las posibles pláticas con los líderes del EZLN.

Zedillo era muy mal aconsejado por miembros del Ejército que estaban por la mano dura, por la “salida fácil” de aplastar el movimiento de una vez por todas. En esas condiciones, y después de haber enviado a su Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, a tener un acercamiento directo con el subcomandante Marcos, “inesperadamente, el 9 de febrero de 1995, Ernesto Zedillo anunció ante los medios electrónicos que se habían girado órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes del EZLN. Frente a las cámaras de televisión, virtualmente quitó la capucha a Marcos y reveló que su nombre civil era Sebastián Guillén Vicente, correspondiente al de un tamaulipeco egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con sobresalientes méritos académicos.”[12] Esta era una más de las contribuciones del “brillante” Procurador General de la Republica Antonio Lozano Gracia. De inmediato, se dio una importante y generalizada movilización social en contra de la acción unilateral del Gobierno, secundada por los mismos congresistas miembros de la COCOPA, acción que hizo al Presidente reconsiderar su actitud y como chivo expiatorio utilizó al Gobernador de Chiapas Eduardo Robledo Rincón, haciendo lo necesario para que fuera substituido por el priista julio Cesar Luis Ferro. Lo cierto es que Ernesto Zedillo había actuado precipitadamente, con la cabeza caliente y llena de tantos malos consejos y mentiras, con el ánimo prejuiciado, demostrando inconscientemente que seguía siendo un representante del SPM, autoritario y tradicionalmente represivo, ajustándose por lo tanto a los paradigmas del mismo. Algunos dirigentes del EZLN fueron apresados, pero Marcos logró escapar.

Los miembros de la COCOPA propusieron una ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en el Estado de Chiapas, habiendo sido aprobada en marzo de 1995. Establecieron con fundamento en esta ley a San Andrés Larráinzar, Chiapas, como la base permanente para las negociaciones entre zapatistas y Gobierno. Las pláticas se iniciaron el 20 de abril de 1995 y el 16 de febrero de 1996 se llegaron a los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, que en términos generales establecen lo siguiente:

El compromiso expreso de Gobierno y EZLN para su cumplimiento; reforma del Artículo 27 constitucional para que el espíritu de la ley retome los planteamientos de Emiliano Zapata en el sentido de que la tierra es de quien la trabaja; el establecimiento de una política de verdadera sustentabilidad que preserve las tierras, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas; la construcción de una nueva sociedad nacional, con otro modelo económico, político y social que incluya a todos los mexicanos; garantías y acceso pleno a la justicia para los indígenas con traducción e intérpretes en todos los procesos judiciales que se les sigan, asegurándose que los intérpretes conozcan el idioma, la cultura y el sistema jurídico indígena; legislación para la protección de los derechos de los emigrantes indígenas y no indígenas, dentro y fuera del territorio nacional; fortalecimiento y apoyo a los municipios para acceso a la infraestructura, capacitación y suficientes recursos económicos adecuados a sus necesidades; que se garantice el acceso a la información veraz, oportuna y suficiente sobre las actividades del Gobierno y acceso a los pueblos indígenas a los medios de comunicación existente, incluyendo la alta tecnología. Todos los acuerdos fueron formalizados en términos de las reglas de procedimiento de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Los acuerdos fueron firmados por los representantes legales del Gobierno y del EZLN. Todo esto debía de traducirse en una ley ex professo.

La falta de voluntad política y disponibilidad real por parte del Gobierno entorpeció las cosas y la negociación se fue enredando cada vez más por múltiples motivos, como las sentencias a los miembros del EZLN, aprehendidos desde la redada del 95. La situación se complicó por el desgobierno imperante en la región en donde los diferentes grupos ejercían la ley de la selva, lo que desembocó en la “Matanza de Acteal”, en el municipio de Chenaló, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, en donde un grupo paramilitar de casi 100 efectivos, en un enfrentamiento aparentemente con los zapatistas tuvo como resultado el asesinato a mansalva de un grupo de campesinos indígenas tzotziles del grupo Las Abejas, simpatizantes del EZLN, pero que eran más bien de la gente desplazada que temía la violencia y estaban orando con mujeres y niños en el área zapatista. Aunque el Ejército estuvo presente en la zona, a muy poca distancia, y pudo haberlo evitado ya que el enfrentamiento duró varias horas dejó que tuviera lugar la increíble masacre de 45 personas, 10 hombres y el resto eran mujeres y niños. Esta barbaridad no era rara porque tanto el ejército como principalmente las autoridades estatales se hacían de “la vista gorda” ante la acción de estos grupos y los dejaban actuar impunemente porque en muchos casos eran gentes del gobierno del Estado los que los entrenaban y los armaban. El presidente Zedillo destituyó al Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y se intensificó la acción del Ejército, que intentó cercar al EZLN en la selva lacandona, sin ningún resultado. Más tarde, en abril de 1998, se detuvo al general Julio César Santiago Díaz, acusado de complicidad por omisión en la matanza de Acteal, pues sus tropas, sabiendo del artero asesinato y estando presentes, no trataron de impedirlo. La acción del Gobierno trajo muchas tensiones, y la CONAI, presidida por don Samuel Ruiz, se desintegró, en cierta forma como protesta. Entonces las pláticas por la paz quedaron interrumpidas.

Fue hasta el 20 de noviembre, en San Cristóbal de las Casas, que por intervención de la COCOPA, integrada ahora por 18 legisladores de todos los partidos, se volvieron a reunir para continuar el proceso de pacificación, con la presencia de 29 zapatistas por la otra parte. El Gobierno de Zedillo tuvo la oportunidad de tomar el toro por los cuernos y solucionar el problema indígena, haciéndoles justicia de una vez por todas a esta gente que tiene derecho a que se les respeten su cultura autóctona, sus usos y costumbres, su propiedad comunal de la tierra (la que les ha pertenecido por siempre pero que desde la colonia en muchas ocasiones les ha sido escamoteada); haciendo los cambios y ajustes constitucionales adecuados y negociados por todas las partes. Pero no hubo voluntad política ni del Ejecutivo ni de los legisladores, desconociéndose incluso los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

A mediados de 1995, el Gobierno de Ernesto Zedillo, a través de su flamante Procurador General de la República, el panista Lozano Gracia[13], tuvo que enfrentar una matanza más de campesinos indefensos en las sierras de Guerrero, en un lugar llamado “Aguas Blancas”. Los campesinos pertenecían a una organización denominada OCSS, Organización Campesina de la Sierra del Sur, contraria al PRI y al gobernador priísta de Guerrero Rubén Figueroa. Estos se dirigían a una reunión de la organización cuando en un recodo del camino fueron detenidos por la policía del Estado y masacrados. La misma policía filmó mañosamente la escena del asesinato masivo para hacerla aparecer como una agresión de los campesinos, a los que posteriormente les sembraron armas; (a más de 20 de ellos) ya cuando yacían muertos. Ante la ola de indignación nacional por la matanza de Aguas Blancas, resultaba ridículo que el mismo Gobernador ordenara una investigación a través de la Procuraduría de Justicia del Estado con los gastados estribillos de siempre: “Hasta las últimas consecuencias” y “Caiga quien caiga”. En los gobiernos priistas, ningún subalterno del Gobernador o del Presidente actúa de motu proprio; siempre lo hacen o con el visto bueno del jefe o por instrucciones precisas de éste. Por más que se le pidió que la PGR atraer el caso para actuar con imparcialidad, nunca se logró, y naturalmente la Procuraduría General de Justicia del Estado exoneró a su jefe. En 1966, y gracias a la decidida intervención del periodista Ricardo Rocha, quien transmitió a nivel nacional, en su programa de televisión “Detrás de la Noticia”, un video que le hicieron llegar en donde se pudo comprobar el sembrado posterior de las armas, se reabrió el caso y solo después de esto el Presidente Zedillo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una investigación sobre el caso en la esfera de su competencia. “El dictamen concluía que ‘existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados’ y colocó a Figueroa como el primero en la lista de los funcionarios responsables. La Suprema Corte envió su informe a Lozano con la instrucción de llevar a término la investigación y perseguir los delitos federales resultantes.”[14] El Procurador General de la República, que había sido propuesto por su partido, el PAN, para procurar la justicia, se lavó las manos, como Pilatos, alegando que no encontraba delitos federales que perseguir. Zedillo, actuando a la vieja usanza del sistema, se desentendió y una vez más; uno de los más grandes problemas de México, la impunidad, volvió hacer un macabro acto de presencia pero ahora esto tuvo como consecuencia el nacimiento de un movimiento guerrillero más a mediados de 1996: el del Ejército Popular Revolucionario, EPR, surgido de los grupos guerrilleros existentes en el Estado de Guerrero desde los tiempos de Lucio Cabañas. El Gobernador tuvo que renunciar, no por su voluntad, sino con toda seguridad por instrucciones precisas del Presidente Zedillo, pero nunca fue castigado por los asesinatos de Aguas Blancas. En el SPM al que pertenecía, desprenderlo de la ubre del presupuesto y hacerlo renunciar al cargo político, para ellos, era más que suficiente castigo. El asesinato de más de 20 personas, como eran campesinos, para el sistema no tenía “mayor importancia”.

En abril de 1999 estalló la huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tradicionalmente, ante la mínima pretensión de los rectores para operar cambios en beneficio de la institución, los líderes estudiantiles en turno, algunos perennes, “se rasgan las vestiduras y vierten abundante cenizas sobre sus cabellos”, enarbolando la bandera de la amenaza de la “privatización de la institución”, cosa que ni ellos mismos se lo creen, pero que les resulta un magnífico pretexto para saltar a la palestra y hacerse notar con la esperanza de acceder en el futuro a los cargos públicos en el gobierno de la Ciudad de México o del Gobierno Federal, sin faltar aquellos bien intencionados o idealistas pero con actitud contestataria a quienes no les importa afectar a la institución y a sus compañeros que pierden un tiempo irreparable en su vida de estudios. Cuando se les presentan estas oportunidades, tradicionalmente constituyen o reactivan de inmediato el “comité de huelga” CGH que se dice representar a los estudiantes y toma arbitrariamente decisiones, incluso en la vida académica de la universidad. Sin embargo, aquí es importante apuntar que en este caso el rector Francisco Barnés actuó precipitada y torpemente, sin la consulta previa a la comunidad universitaria, lo que le trajo como consecuencia el enfrentamiento que era de esperarse. Porque el proponer que parte del enorme costo para el mejor funcionamiento de la universidad, aquellos alumnos que si tienen capacidad de pago, ayuden con ello; beneficiaria a la misma universidad. Pero los planteamientos que pudieron haber sido simples y oportunos; fueron, complicados, erróneos y a destiempo.

Es cierto que resulta paradójico el dispendio de la clase política en México que derrocha los recursos públicos y escatima al máximo lo que debe dedicarse a la educación y a la investigación, pero esa es harina de otro costal y si al tratar de resolver los problemas concretos de la universidad, se desvía la atención queriendo solucionar todos los males del país; esto se vuelve “el cuento de nunca acabar”. La huelga duró un año interminable, parecía que nunca iba a acabar.

Es ritual tradicional en la UNAM, que en este tipo de casos haya un sacrificio. Y usualmente es la cabeza del Rector. Francisco Barnés de Castro se lo buscó él mismo y por supuesto fue sacrificado, habiendo sido substituido el 17 de noviembre, a finales de 1999, por Juan Ramón de la Fuente quien hasta esa fecha había sido el Secretario de Salud del presidente Zedillo, y ahora nombrado Rector por la Junta de Gobierno de la UNAM. En la UNAM como en todas las universidades publicas es el ejecutivo quien decide la nominación del rector, la Junta de Gobierno sólo la formaliza. La huelga no terminó con esto porque, como suele suceder, y más en una de esta duración (la más larga de que se tenga memoria), los problemas cuando no se atacan de raíz y en forma oportuna, se complican y se mezclan con los problemas nacionales, pues tradicionalmente este tipo de “líderes” asumen de inmediato el papel de redentores del pueblo en contra de todos los males nacionales. Y se trata de solucionar desde un nuevo proyecto de universidad hasta un nuevo proyecto de nación, por supuesto con actitudes soberbias, irresponsables y sin el menor asomo de rubor.

El problema, convertido en una verdadera bola de nieve, amenazaba continuar sin importar el daño material y académico. En estas condiciones, el rector Juan Ramón de la Fuente, “para cortar por lo sano” convocó a un plebiscito general sobre la validez o no de la huelga y una mayoría de universitarios (más de 160,000) votó en contra de ésta. Aun así los “líderes” se negaban a entregar las instalaciones. Entonces se recurrió a una demanda por despojo, presentada ante los tribunales por el antiguo Rector en contra de más de 600 personas involucradas en los desmanes y daños a la institución. En la madrugada del domingo 6 de febrero del 2000, la Policía Federal Preventiva PFP entró a Ciudad Universitaria para ejecutar las órdenes de aprehensión. Otra vez hubo quien se rasgara las vestiduras porque se había violado la “autonomía universitaria”, sin saber ni comprender que dicha autonomía se refiere a la libertad de cátedra y de gobierno de la misma universidad, y que su campus no puede carecer de jurisdicción para la aplicación de la ley. Solo así terminó la huelga en contra de la Universidad.

Durante el régimen de Zedillo se dieron grandes contrastes y contradicciones; por un lado, se abrían las posibilidades para iniciar un proceso tendente a lograr en México la verdadera democracia, y esto mismo propiciaba y no solamente alentaba sino demandaba la apertura democrática en las diferentes organizaciones de la sociedad que, acostumbradas solo a la apariencia de la democracia, poco o nada habían influido en la vida nacional, y todavía se tardarían mucho para decidirse a hacerlo en forma sistémica. Sin embargo, con la reforma electoral de 1996, las condiciones jurídicas para la democracia estaban dadas en México. Por otro lado, el Presidente se aliaba al consorcio Televisa, controlando y manipulando con un altísimo costo, tanto económico como social, la crítica que la opinión pública hacía a su Administración, y aparentemente, por supuesto también esto lo hacía con fines electorales, viciando y contradiciendo de esta manera el pretendido proceso democrático. La declinación del charrísimo[15] sindical adherido al PRI se pensó que se haría patente a mediados de 1997 estimulado con la muerte de Fidel Velázquez, líder de la principal organización sindical, la CTM, pero no fue así, más tarde se vería que esta tradición es hereditaria y continuaría porque también continua el mismo sistema político, y aunque el sindicalismo ya no sería monolítico como en un principio, ahora se ha multiplicado con todos sus vicios como amebas parasitarias. Don Fidel Velázquez como líder era una institución dentro del sindicalismo obrero mexicano, que había trascendido al permanecer continuamente en el poder, convirtiéndose su organización y él mismo en uno de los pilares del SPM unipartidista, por más de medio siglo. Constituyó, además, la pieza clave del sistema, no para el beneficio de los trabajadores, sino para ejercer el control político sobre ellos, a la vez que los utilizaba como instrumento fundamental en el manejo del poder. El líder perenne enriqueció a sus allegados incondicionales y familiares cercanos, heredándoles posiciones a costa de la salud del sindicalismo en México. Afectó gravemente al sindicalismo mismo y a las condiciones del trabajador mexicano, que sigue siendo uno de los peores tratados y compensados por su trabajo en el mundo, aunque a sus opresores como don Fidel y tantos otros, vivales se le erijan estatuas, como prueba del surrealismo político en México.

La misma circunstancia ayudaba para empezar a cerrar el capítulo del México antiguo, del sistema unipartidista, de representación corporativa, autoritario y arbitrario, que solo había servido, para que los trabajadores de las ciudad fueran utilizados electoralmente, al igual que los campesinos, sumiéndolos en la pobreza y el desamparo cuya resultante más evidente y patética es la migración masiva hacia los Estados Unidos, en donde año con año varios centenares de miles de mexicanos (se estiman en una cantidad cercana al medio millón) arriesgan la vida y muchos la pierden. Paradójicamente en busca, no de trabajo, porque muchos lo tienen, sino de condiciones justas y mejores medios de vida, en busca de esperanza para sus hijos que aquí no la encuentran. No se conoce, o mejor dicho, yo no conozco ninguna medida efectiva y decidida del régimen de Zedillo por estimular la renovación de la condición sindical en la ciudad ni en el campo. Y que no vengan a decir que es por respeto a la autonomía sindical, porque al que sí le deben respeto y no se le tiene es al trabajador avasallado por sus verdaderos explotadores; sus sindicatos que no son tales.

En otra fase de contraste, Zedillo sí promovió al final de su sexenio, por primera vez, la elección dentro del PRI para seleccionar al candidato presidencial de ese partido, rompiendo con uno de los paradigmas de más peso tradicional dentro del partido y del sistema: el de la sucesión presidencial, que supuestamente ya no estaría a cargo del presidente saliente. Hay que reconocer también a Zedillo la consignación del Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, implicado en el narcotráfico y relacionado con el cártel de Juárez, por lo que fue acusado a medidos de 1999 por “delitos contra la salud en diversas modalidades y delincuencia organizada”. Esta era la primera vez que se trataba así a un gobernador del SPM. En esta forma el ex Presidente dejaba un importante precedente de su lucha en contra de la impunidad pública y la destrucción del tabú de no poder proceder en contra de los gobernadores e incluso de los ex presidentes en México.

Para el cambio de gobierno al final del sexenio, el deseo que existía en la sociedad mexicana en todos sus estratos; era de un cambio radical de las estructuras viciadas en los tres Poderes de la Unión y de un cambio también de las personas que han medrado en el Gobierno en detrimento de la función publica y de sus resultados; un cambio de políticos y líderes corruptos y en estos últimos no sólo el cambio pero su ajusticiamiento. También de una transformación radical en la sociedad que, acostumbrada a este medioambiente, lo sigue tolerando y utilizando para todo propósito incluso sin importar que sea ilegítimo.

Las reformas propiciadas por el régimen de Zedillo en el ámbito electoral ahora daban, por primera vez, la oportunidad de un cambio verdadero, sin embargo estas reformas aunque trascendentes, no eran ni con mucho suficientes y constituían solo el principio del cambio que debería ser continuado por la próxima administración. Era necesaria una verdadera transformación de la sociedad, lo que implica una profunda reforma del Estado mexicano, reestructurando en forma radical toda la base jurídica que lo sustenta, para que el Estado de derecho sea una realidad que propicie el desarrollo armónico y justo de la sociedad en su conjunto sobre bases legales autenticas, establecidas en forma democrática. Para reconstruir y consensuar una filosofía social fundamentada en la verdad, en las mejores tradiciones históricas de la sociedad mexicana, en los valores de la justicia y la honestidad, en el ejemplo de verticalidad e integridad de los escasos estadistas que ha tenido México y en el ejemplo de muchos buenos mexicanos que a lo largo de la historia han contribuido en todas las épocas y en todos los niveles; para hacer que la vida sea mejor, que valga la pena vivirla, para tratar de lograr que México sea un país de todos, incluyente. Y no sólo de unos cuantos, como lo ha sido hasta ahora; para que las condiciones de vida y de trabajo sean aceptables, evitando así la migración masiva de la población, para que la desesperanza no se refleje más en el rostro de los padres que no saben que va a pasar con sus hijos en un país así como está México. Todas estas necesidades de cambio representaban el mejor deseo de los mexicanos, conscientes de que si bien significa una tarea enorme, está, ahora; no era imposible y ciertamente debería ser impostergable. No sabían los mexicanos el chasco que les esperaba.

El pueblo sintió real, la posibilidad de cambio con las elecciones del 2000.

TEXTOS TOMADOS DEL ENSAYO “MÉXICO Y SU LIBERTAD” de Antonio Fuentes Flores

[1] Julia Preston y Samuel Dillon, El despertar de México (México: Océano, 2004) 168-169.

[2] Carola García Calderón y Leonardo Figueiras Tapia, Medios de comunicación y campañas electorales 1988-2000 (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006) 118.

[3] Luis Santos de la Garza, Los derechos humanos en materia política, análisis y documentos (Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2001).

[4] Luis Santos de la Garza 36.

[5] En 1998, Guillermo Ortiz pasaría a ser el Gobernador del Banco de México, que se convirtió en una institución autónoma desde 1993, probablemente como requisito dentro del proceso de integración económica con Norteamérica.

[6] Julia Preston y Samuel Dillon, El Despertar de México (México: Océano, 2004) 238.

[7] Carlos Tello Díaz, La Rebelión de las Cañadas (México: Planeta, 2006) 77.

[8] Primera Declaración de la Selva Lacandona, ZAPATISTAS, Guillermo Almeyra, Emilio Thibaut, Maipue, 2006

[9] Primera Declaración de la Selva Lacandona, ZAPATISTAS, Guillermo Almeyra, Emilio Thibaut, Maipue, 2006

[10] Carlos Tello Díaz 261.

[11] Manuel Camacho Solís 252.

[12] Luis H. Álvarez, Medio Siglo (México: Plaza & Janés, 2006) 320.

[13] Zedillo había otorgado al partido Acción Nacional la posibilidad de que ellos propusieran al Procurador General de la República, continuando con la tradición de los gobiernos priístas.

[14] Julia Preston y Samuel Dillon 184.

[15] Sindicalismo de control y manipulación del trabajador en favor del Gobierno y del empresario que lo paga.

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